Discurso en el recinto acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura el 22 de febrero de 2006

Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: estamos presenciando en esta Cámara una nueva violación al orden constitucional al someterse a nuestro análisis un proyecto de ley que claramente rompe el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional, ya que se pretende ampliar la incidencia del poder político en la integración del Consejo de la Magistratura, que fue precisamente lo que se quiso evitar cuando se creó ese órgano.
Me permitiré citar una máxima de los griegos: “Un texto sacado de contexto es un pretexto.� Todos sabemos muy bien lo que es el equilibrio. No tenemos que analizarlo ni desgajarlo porque sabemos perfectamente cuál fue el espíritu de los constituyentes en 1994.
No me sumaré a los argumentos técnicos y jurídicos a fin de no ser reiterativa, y apoyo los vertidos por el señor diputado Tonelli. Simplemente haré un escueto recordatorio de cuántas veces se ha violado el orden constitucional desde que recuperamos la democracia, con la esperanza de que alguna vez dejemos de fijarnos en intereses personalistas y tengamos en mira la institucionalidad del país porque eso es lo que le hará bien a nuestra patria.
Recuerdo el año 1983, cuando el gobierno electo dejaba atrás la dictadura. Todos esperábamos una nueva época de respeto a las instituciones y a las libertades individuales, de transparencia y honestidad en la gestión pública y de reconocimiento de los derechos de los más desposeídos.
Algunos imaginábamos algo similar a lo ocurrido en 1853, cuando la Constitución dio paso a la organización, la paz y el desarrollo. ¡Cómo nos equivocamos! La democracia tiene una enorme deuda con la sociedad. La miseria y la indigencia se multiplicaron con creces, y ésa es una deuda que tenemos especialmente con los sectores más desposeídos.
Las violaciones al orden institucional, como he dicho, han sido reiteradas. De los golpes cívico militares a que nos acostumbraron desde 1930 pasamos a los golpes solamente civiles. El primero fue en 1989, cuando se impidió la finalización de la gestión del gobierno de ese entonces a saqueo limpio. En ese momento se decía que se estaba incendiando el país. ¿Quién lo incendiaba, si a medida que asumían nuevo el nuevo gobierno esos saqueos iban desapareciendo?
Luego se produjo el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de hacerla afín al gobierno de turno. Rindo mi homenaje al doctor Jorge Bacqué, quien no se prestó a esa maniobra y renunció.
Después tuvo lugar el ominoso Pacto de Olivos, en el que se acordó una reelección presidencial a cambio de la elección de un tercer senador. Esta norma también fue violada y lo pudimos advertir muy recientemente en la provincia de Buenos Aires cuando el partido oficialista se dividió en dos listas para tener la hegemonía. Destaco en este momento la claridad, la visión y el coraje que tuvo Ricardo López Murphy al expresar que el oficialismo se quería quedar con los tres senadores, como en realidad ocurrió.
A partir de ese pacto se llevó a cabo la Convención Constituyente en 1994, en la que la primera dama tuvo un papel predominante.
Finalizada esta convención y el gobierno del presidente Menem, llegó el de la Alianza. Me parece que la Constitución no sirvió de mucho, porque si se quería atenuar el presidencialismo para asegurar la estabilidad, ello no ocurrió: una situación económica desastrosa produjo una crisis inédita en nuestro país, que se inicia en 1998, suma a toda la región y provoca la caída del gobierno.
Recién empezamos a salir en el año 2002. Pareciera ser que los civiles creemos que tenemos el derecho a provocar golpes institucionales. No sé de dónde surge esa creencia, porque mientras asumía el nuevo gobierno y la supuesta oposición lo estaba ayudando, una gran mayoría de la gente pedía que se fueran todos.
Entonces, no sé por qué los políticos creemos que tenemos derecho a establecer golpes institucionales, pero eso no fue todo. Después de concretar el juicio político para remover a la Corte Suprema adicta al menemismo, se designa a sus nuevos integrantes.
Quiero dejar a salvo mi posición personal. Discrepo con quienes dicen que con esta Corte Suprema se ha avanzado en la Justicia. Sin perjuicio de las condiciones de los juristas y de su trayectoria, creo que merecen serios reparos.
No sé cuál fue el motivo para establecer el trámite vinculado con la trasparencia, porque llovieron impugnaciones sobre los ministros Zaffaroni y Argibay, las que prácticamente no fueron tenidas en cuenta. Terminemos con el simulacro de la trasparencia.
La Corte Suprema toma el remedio de la inconstitucionalidad como si fuese algo común, cuando debiera ser excepcional.
El doctor Zaffaroni, ministro de la Corte, sería un excelente defensor, pero se ha olvidado de su rol de juez. Así dijo en la revista “Rolling Stones� que cuando era juez él intentaba que los imputados zafasen. Esta no es la tarea de un juez. Además dice que él habla como cualquier ciudadano común. Ello no es así, ya que por su investidura habla como ministro de la Corte Suprema. Yo tampoco hablo como una ciudadana común, sino como diputada de la Nación.
La doctora Argibay manifestó que había que abrir las cárceles para no violar los derechos de los imputados. ¿De qué norma constitucional se desprende que la garantía de los procesados sea superior a la seguridad pública? ¿No hay que encontrar un equilibrio entre todas las garantías? Esto no tiene ninguna vinculación ni con el derecho penal liberal ni con la llamada teoría garantista, sino que es la teoría del abolicionismo que es una postura ideológica que va a contrapelo de lo que quiere la sociedad.
Por supuesto que cuando no nos gusta lo que dice la mayoría, afirmamos que se trata de aberraciones. Entonces, se requiere que venga un iluminado para que nos señale cuándo la mayoría sirve y cuándo no.
Para hablar de las violaciones que se han reiterado antes de 2003, quiero mencionar que el partido oficialista se divide en tres, sometiendo a la sociedad a una interna, en vez de dirimir sus cuestiones para evitar que alguien acceda al poder. Cualquier recurso vale. Y en esa interna me sometieron a mí, que estaba en la oposición.
La famosa década del 90 ha sido muy denostada por nuestro presidente, que fue parte activa de ella. Ahora resulta que nadie participó en esa década. En esto de buscar culpabilidades, precisamente a los opositores a esa década se los va a terminar haciendo responsables.
Únicamente podremos salir adelante con la verdad, sin hipocresías, lo que constituye un reclamo de la sociedad. Voy a hacer una exhortación basada en que nosotros juramos defender la Constitución. Les pido a mis colegas que tomen conciencia de la forma como van a votar.
Alguna vez se utilizó el argumento de que un gobierno que fue capaz de mejorar la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podía ser capaz de establecer un Consejo de la Magistratura nefasto. Pero debo decir –se trata de un presagio que el Consejo de la Magistratura va a ser utilizado para amilanar a los opositores, para infundir temor en los jueces y para que nuestro país se haga famoso por las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Voy a solicitar la inserción del resto de mi exposición, solicitándole a mis colegas que, más allá de las diferencias ideológicas que tengamos, voten negativamente este proyecto en general, para que esta generación y las futuras no nos reclamen por el error cometido. (Aplausos.)

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http://www.diariodegestion.com.ar/index.php/noraginzburg/2006/04/11/discurso-en-el-recinto-acerca-de-la-reforma-del-consejo-de-la-magistratura-el-22-de-febrero-de-2006/

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