30 Años: Memoria, Verdad y Justicia
Posted by admin - 02/05/07 at 07:05:16 pmDurante más de siete años en nuestro país reinó el terror implantado desde el mismo Estado, que debía velar por la integridad de sus ciudadanos, a través de los crímenes más atroces: encarcelamientos, secuestros, desapariciones, exilios, asesinatos y apropiación de menores.
Es el ejercicio de todos los ciudadanos recordar que las libertades individuales y los derechos básicos de los ciudadanos fueron eliminados, arrasando de manera impiadosa con los sueños, la pasión, la generosidad, la inocencia y la esperanza de casi toda una generación, en la construcción de un país más justo y solidario.
Si el ejercicio que realizamos es la memoria, es imprescindible, hoy como siempre, no quedarnos solamente en el repudio de lo que pasó sino fundamentalmente, profundizar en el por qué, en las causas últimas de la barbarie que caracterizó en aquel entonces, el accionar de las Fuerzas Armadas.
¿Cuál es ese por qué? Instalar en nuestro país el llamado pensamiento único, el que se corporizó en el modelo neoliberal caracterizado por la exclusión, la concentración de la riqueza en las manos del capital sin nombre y sin nación, la degradación de la política con la finalidad última de su desaparición definitiva o, en el mejor de los casos, de su sometimiento a la economía tal como ellos la conciben con lo cual, obviamente, la política deja de ser.
Es esclarecedor el extracto del fallo del Juez Federal Jorge Ballesteros en la causa sobre el crecimiento de la deuda externa Argentina dado el 19 de julio de 2000. Dice así: “El régimen establecido por las comunicaciones A34, A54, A75, A76, A137, A163, A129, A241 y A251 de Banco Central de la República Argentina, todas ellas permitieron e hicieron efectiva la transferencia al Estado de la deuda privada, con seguro de cambio y operaciones de base. También se transfirieron las deudas que renovaron su seguro de cambio. Todo ello radicado por la Ley 22.749.
Luego de estimular el endeudamiento del sector privado, se provocó un alivio del sector por los regímenes señalados. Luego se produce la transferencia al Estado sin estudiar las causas del endeudamiento.
Los mismos intereses, encontraron a partir de la década del ‘90, la forma de montarse por encima de las organizaciones políticas de la sociedad y esta vez, sin la violencia de las armas, imponer sus designios de siempre.
Digo: No es casual que alguno de esos personajes, que el Juez Ballesteros enumera prolijamente en su Fallo, hayan estado en los planos de decisión durante más de veinte años. Caso emblemático si lo hay es el del Sr. Domingo Felipe Caballo. Surge claramente que, a través de la estatización de la deuda externa contraída por la cúpula empresarial dominante en aquellos años obligaron a nuestra Nación a postrarse ante los organismos de crédito y a pagar cinco veces por cada unidad obtenida.
La pesada herencia cultural y política que nos dejara la dictadura militar no se agota en el modelo económico, que ya hemos definido como el objetivo último del proceso iniciado en aquel entonces. También interpretamos, como resabios de aquellos tiempos, nefastas situaciones que vivimos no hace mucho en este Recinto cuando –ante el reclamos de la sociedad por mayor y menor seguridad pública- reivindican la mano dura, la tolerancia cero, así como otras tantas propuestas que son la negación raisma del sistema democrático, en tanto lo fundamental de todas las garantías que debe brindar el Estado, es el cuidado y el respeto por la vida.
Para poder proyectarse, nuestra sociedad trata el futuro aprendiendo de las enseñanzas del pasado: verdad, justicia y memoria, ya que ningún crimen puede quedar impune en una sociedad justa y democrática, porque todos tienen derecho a conocer la verdad y nosotros tenemos la obligación de proveer su garantía. Seamos concientes de que la batalla que tenemos que librar día tras día es lo que denomino permanentemente cono “batalla cultural”.
Así como en el ‘83, con la reintitucionalización de la Democracia, con la Presidencia del Dr. Alfonsín, no dudamos en llevar adelante el enjuiciamiento a la violación sistemática de los derechos humanos por el camino de ejercicio de la memoria, la justicia y la verdad. Iniciábamos entonces -como lo habíamos prometido en la campaña electoral- una etapa inigualada por ningún otro país de América Latina que había pasado por similares condiciones de represión. Modificamos el Código de Justicia Militar para someter a los militares a los tribunales civiles; procesamos y encarcelamos a los integrantes de las Juntas Militares; creamos la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) que recogió miles de testimonios, allanó cuarteles, descubrió tumbas de NN, denunció los llamados “vuelos de la muerte”, desenmascaró el plan de apropiación de bebes nacidos en cautiverio e identificó todos y cada uno de los de campos de detención y exterminio; se extraditó a José López Rega, jefe operativo - durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón - de la Triple A y se modificó el Código Penal para equiparar el delito de tortura al de homicidio simple. Cuando el radicalismo y Alfonsín transfirieron el poder en 1989 al gobierno justicialista de Carlos Menem estaban en las cárceles con pena de prisión perpetua los comandantes de las juntas militares del proceso y cerca de 200 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Pero lo más importante es que, sin actos de venganza ni violencia, se consolidó para siempre el respeto de la libertad, el estado de derecho y la democracia. Esta es la verdad histórica. Nada ni nadie podrá cambiarla.
La “batalla cultural” , es una batalla en la que debemos asumir el compromiso y alimentarnos con valentía para lograr una sociedad que sea críticamente responsable y tenga la fortaleza de exigir y exigirnos que estemos a la altura de las difíciles circunstancias, las que he tratado de relatar, que han sumido a nuestro país durante estos treinta años.
Realmente creo que nada de eso será posible si no hacemos una acertada definición de cuál fue el objetivo que se persiguió en aquel entonces y cuáles son los resabios que de aquellos años quedan en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, de la que todos y cada uno de los que estamos aquí debemos hacernos responsables.
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FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Posted by admin - 02/05/07 at 07:05:16 pmLa diputada nacional Patricia Panzoni (UCR Pcia. de Buenos Aires) presentó un proyecto de Ley de financiamiento universitario, por el que se proponen medidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
El proyecto, basado en lo que dispone el Art. 19 de la Constitución Nacional, dispone que “en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que el Poder Ejecutivo remita para su aprobación al Congreso de la Nación, incorporará como mínimo un incremento del 30 por ciento en relación al ejercicio inmediato anterior, destinado a las partidas de funcionamiento de las Universidades Nacionales contenidas en las funciones Salud, Ciencia y Técnica y Educación y Cultura, hasta que de su aplicación resulte que ninguna Universidad Nacional disponga de menos del quince por ciento (15 %) del crédito presupuestario total con destino a otros gastos distintos al que demande el pago de salarios al personal”.
El proyecto de la diputada radical platense, que acompañan con su firma los legisladores nacionales Federico Storani, Olinda Montenegro, vice presidenta de la Comisión de Educación, Víctor Zimmermann titular de la de Ciencia y Técnica, Hugo Storero, Miguel Giubergia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y los diputados bonaerenses Vilma Baragiola, Pedro Azcoiti, Francisco Ferro y Roberto Costa, postula como modo de distribución del incremento presupuestario destinado al funcionamiento de las universidades, el Modelo de Pautas Objetivas consensuado entre los rectores en el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias.
En los fundamentos del Proyecto, la diputada Patricia Panzoni –tras recordar que la Constitución de la Nación Argentina establece en su Art. 19 que es atribución del Congreso sancionar leyes que “…garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, manifiesta que “la insuficiencia de recursos presupuestarios ha constituido en los últimos años una severa limitación para el cumplimiento de esos principios”, pues “el presupuesto de las universidades nacionales se ha visto incrementado en los últimos ejercicios, pero la casi totalidad de esos aumentos se destinó a hacer frente al costo que demanda el pago de sueldos, al impulso de las -muy necesarias y todavía insuficientes, después de más de 13 años de congelamiento- recomposiciones salariales acordadas en las paritarias docentes y no docentes”.
Así mismo, agrega que “la carencia de recursos suficientes que garanticen su funcionamiento, que posibiliten el desarrollo de las actividades de enseñanza, de investigación y de transferencia o extensión, ubica a las universidades públicas en la difícil alternativa de no poder emprender nuevas acciones, suspender tareas iniciadas, o dedicarse a la búsqueda de otras fuentes de financiamiento para sus proyectos, diferentes de la que debe procurar el Estado, circunstancias que indudablemente constituyen un menoscabo a la autonomía y la autarquía por cuyo sostenimiento debemos velar”.
Junto a los fundamentos del proyecto, Panzoni añade una serie de gráficos entregados al Congreso por el consejo de rectores, que ponen en evidencia el bajo nivel de inversión por estudiante en nuestro país y el decrecimiento relativo de la dotación presupuestaria destinada al sostenimiento de las universidades públicas, entre otros datos. “El modelo de distribución al que alude el proyecto es el que propusieron las universidades a través del CIN en ocasión de solicitar al Congreso mejores condiciones de financiamiento para el desarrollo de su actividad, y por eso lo incorporamos en este trabajo”, expresó la legisladora radical luego de la presentación, manifestando su preocupación ante el repetido reclamo de las casas de altos estudios públicas, que tienen serios problemas para abonar las facturas de proveedores de insumos básicos y servicios, mantener o reparar sus edificios, renovar equipamiento o actualizar sus bibliotecas, entre otras dificultades.
Prensa:
Fernando Maidana 0221-15-4638280
Blas Cadierno 0221-15-4633477
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HACIA UNA DEMOCRACIA REAL
Posted by admin - 02/05/07 at 07:05:16 pmEl avance de las naciones y por consiguiente la evolución del sistema democrático marcó una nueva dinámica en el Campo Político: el de la “representación política”. Como dijera Andrés Malamud en “Introducción a la ciencia política”, la misma era -y aún hoy sigue siendo- “el mecanismo por el que las naciones pasaban la frontera histórica y teórica entre la democracia antigua o directa y la moderna o representativa”. La Constitución Argentina de 1853, sería la herramienta por la cual nuestro país marcaría esa frontera entre “lo viejo y lo nuevo” en las formas de entender y actuar en el plano político institucional. La reforma del ’94 avanza incluyendo mecanismos de democracia semidirecta con la intención de fortalecer y/o complementar el concepto de representación.
Desde 1853 hasta hoy, muchos han sido los acontecimientos que pusieron en jaque dicha concepción. Seis Golpes militares a lo largo del siglo XX que excedieron ampliamente este marco llevándose puesto todo, hasta la vida, inscribiéndose en las páginas más negras de la historia argentina contemporánea. Aunque en un plano totalmente distinto y obviamente sin parangón con lo sucedido en los gobiernos de facto, una vez superada esa etapa, y estando en pleno ejercicio de las libertades, los crecientes declives sufridos en las ultimas décadas que devinieron en una fuerte crisis de representatividad, envolvió a la Argentina en un ambiente sociopolítico que tuvo su punto cúlmine en la fenomenal crisis de diciembre de 2001 y cuya manifestación mas representativa fue “que se vayan todos”.
Cuando el concepto de representatividad se quiebra se pone en riesgo al propio sistema democrático. Si en la década de los ’90 la deshumanización de la política no hubiera llegado a un punto tal como para aceptar ser cooptada por el mercado; si el gobierno de la Alianza, convocado con la misión histórica de revertir esa situación, no hubiera claudicado –como de hecho lo hizo- las circunstancias seguramente hubieran sido otras.
Las leyes del mercado lograron forzar todo el andamiaje constitucional, es decir las reglas de convivencia básicas que toda sociedad organizada se da a sí misma no solo para preservarse sino y fundamentalmente para desarrollar la calidad de vida de cada uno de sus integrantes.
Por ello, la Democracia no debe –ni puede- quedarse sólo en las formas, sino que además debe ser activa y realizarse en todos sus aspectos. Esto es lo que hace la diferencia entre la Democracia Formal y Democracia Real, haciendo una salvedad: no es concebible una democracia real sin la existencia a priori de la democracia formal, la cual requiere un respeto irrestricto a las instituciones.
Nuestra Constitución Nacional no solo define el diseño político institucional y la funcionalidad de los diferentes órganos que lo componen, sino que a priori señala qué destino u objeto debe realizarse a través del mismo. Es así que en su Preámbulo dice: “… Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, proveer al bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran abitar suelo argentino.” La tarea permanente de la política debe estar dirigida entonces a que cada habitante de nuestro país sea efectivamente destinatario y acreedor de lo que allí se plantea.
Permítaseme una disgresión, lo que estamos aseverando aquí hecha por tierra la calificación de formalistas que algunos nos achacan, quizás porque nunca interpretaron por qué, en el año ’83, el entonces candidato a presidente Raúl Alfonsín repetía de manera incansable el Preámbulo de la Constitución Nacional.
En los tiempos que se viven, con modelos de construcción política donde no se valoran las formas y donde se desdibujan los contenidos, puede resultar sumamente conveniente agregar a la calificación de formalistas la de anacrónicos. Pero para nosotros, por convicción y justamente por la enorme cantidad de temas pendientes, aferrarnos a estos principios, más que anacrónico una vez más aparece como algo verdaderamente revolucionario.
PATRICIA PANZONI
DIPUTADA NACIONAL
U.C.R
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